Nueva modalidad de asalto se extiende a Sto. Domingo | |||||
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SANTO DOMINGO.- Los delincuentes llegan a restaurantes o establecimientos públicos y de los vehículos estacionados en la parte externa seleccionan uno al azar. Posteriormente y de manera muy educada ingresan al establecimiento preguntando por el propietario del vehículo con un determinado número de placa. Recomendaciones |
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Bendiciones
jueves, 17 de febrero de 2011
Nueva modalidad de asalto se extiende a Sto. Domingo
Nueva modalidad de asalto se extiende a Sto. Domingo
Iglesia dice el pueblo vive en incertidumbre - Listín Diario Digital
Iglesia dice el pueblo vive en incertidumbre - Listín Diario DigitalEPISCOPADO EMITE CARTA PASTORAL CON MOTIVO DEL 27 DE FEBRERO
Iglesia dice el pueblo vive en incertidumbre
PASTORAL. DESCRIBE PANORAMA DE INCERTIDUMBRE, VIOLENCIA, CORRUPCIÓN Y DELINCUENCIA
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El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez (de pie, al centro) aparece junto a los demás integrantes de la Conferencia del Episcopado Dominicano que ayer dio a conocer su mensaje por el Día de la Independencia Nacional. En el documento, los obispos expresan su preocupación por el estado de incertidumbre que vive actualmente el país.
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500 años en defensa de la dignidad humana
Ramón Urbáez
Santo Domingo
La Iglesia Católica llamó ayer la atención sobre una serie de problemas que en conjunto amenazan la convivencia “humana digna” en el país, y describió un panorama de incertidumbre, violencia, corrupción e impunidad que afecta a toda la sociedad dominicana.
En su carta pastoral con motivo del 27 de Febrero, la Conferencia del Episcopado Dominicano dice que la nación debe hacer valer la Constitución, “que se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas”.
El mensaje hace referencia al Sermón de Montesinos, y como el sacerdote se cuestionó en ese tiempo, los obispos se cuestionan ahora: “Una voz clama en los nuevos desiertos de nuestra República Dominicana y nos pregunta: ¿con qué derecho y con qué justicia tenemos a nuestro pueblo en tan cruel y horrible servidumbre?”.
La Iglesia cita entre otros males, la violencia, la delincuencia, la deficiencia educativa, la destrucción y contaminación del ambiente e inseguridad ciudadana, y expresó ayer su preocupación por lo que llamó “estado de incertidumbre, desigualdad social y pobreza” en que, según entiende, viven las grandes mayorías del pueblo dominicano.
El mensaje también advierte que debido a “la actual situación de atracos, sicariato, narcotráfico, participación de autoridades en actos delictivos, corrupción administrativa, impunidad y politiquería clientelista, la nación está en riesgo de perder su identidad y la convivencia humana digna”.
En su mensaje, refieren la celebración de los 500 años de la creación de la Arquidíócesis de Santo Domingo y como el Sermón de Montesinos, “el primer grito de defensa del mundo indígena ante la opresión y el maltrato de los colonizadores, se preguntó también: “¿Con qué justicia se mantiene en la insalubridad a poblaciones enteras que con un poco de ayuda y asistencia técnica harían ellos mismos sus propios acueductos?”.
“¿Con qué justicia permitimos a una inmensa población que viva sin condiciones sanitarias en sus viviendas, que sólo en el suroeste equivale a más de un 20% de las familias, lo que propicia la falta de dignidad de la persona, la contaminación de enfermedades y la propagación del cólera?”.
“¿Con qué derecho se mantiene a una población, que se estima más de 20% sin declarar, y que no tiene derecho a un nombre y a su propia nacionalidad, y este dato ni siquiera se coloca en el Censo Nacional para no sufrir la crueldad de verlos oficialmente con nuestros propios ojos?”. “¿Con qué derecho, tanto nosotros como las autoridades, que disfrutamos del privilegio de una profesión, de un trabajo digno y de cierto bienestar, podemos permitir que haya personas analfabetas, sin el derecho a saber leer ni escribir?”.
Corrupción
“¿Con qué derecho se priva a nuestro pueblo de una enseñanza moral y cívica, integral, humana y religiosa que nos deja como consecuencia ciudadanos corruptos, y funcionarios que exigen prebendas para nombramientos y proyectos de inversiones?”.
“¿Con qué justicia se tolera que jóvenes no tengan oportunidad de educación, y si la tienen se cansan en las escuelas porque no ven rendimiento, y abandonan sus estudios en los primeros grados, por causa de un sistema de educación vicioso, y un Ministerio de Educación con insuficientes recursos y sin control para mejorar el sistema educativo?”.
“¿Con qué derecho se permite que niños y niñas deambulen por las calles, sin ningún tipo de protección, a consecuencia de padres irresponsables que los han engendrado?”.
“¿Con qué justicia se permite que mujeres, niñas y niños sean abusados, maltratados y explotados, ante lo cual callamos y en componendas silenciamos?”.
“¿Con qué derecho permitimos que empresas foráneas realicen sus acciones comerciales sin que se respeten nuestras leyes que protegen la naturaleza, y se lleven además, el beneficio de nuestros recursos naturales y al pueblo dominicano le dejen sólo migajas y destrozos ambientales?”.
Juegos y salarios
“¿Con qué autoridad el Estado propicia que se siga llenando el país de bancas y todo juego de azar, que explotan a los más pobres y los mantienen en la miseria, imposibilitando salir de ella, con el pretexto de que se les cobran unos impuestos, para luego devolvérselos a los más pobres e infelices como dádivas?”.
“¿Con qué autoridad se permite que se asignen sueldos de lujo, cuando hay tantos salarios de miseria y una gran mayoría de jóvenes que no tiene acceso a un trabajo remunerativo, favoreciendo así puestos privilegiados en detrimento de los que no han podido estudiar o han estudiado en escuelas infuncionales?”.
“¿Con qué autoridad hemos permitido que se pierda el sentido social que tienen los bienes, tanto los materiales como los humanos, que no son una propiedad privada absoluta y que deben ser compartidos, dejando de lado los egoísmos? ¿Qué hemos hecho del mandato de la Iglesia Católica, que enseña que los bienes tienen una “hipoteca social” respaldando así el principio de solidaridad?”.
“¿Con qué autoridad quitamos el derecho a nuestros hijos de vivir en un país limpio y ordenado, por no corregir los daños ecológicos y a la vez no educarlos seriamente en una cultura ambiental y en armonía con la naturaleza?”.
DIGNIDAD
Las corrupción administrativa, la impunidad y los sueldos de lujo son como un atentado a la dignidad y los derechos de los habitantes de la nación.
PROTECCIÓN
No hay derecho a que los niños anden deambulando por las calles, sin ninguna protección.
LOS SUELDOS
Condenan que los funcionarios se asignen y aumenten sueldos escandalosos, mientras la gran mayoría tiene sueldos de miseria.
VÍCTOR BISONÓ
La Iglesia está enraizada en el pueblo y lo que hace es un levantamiento de la realidad dominicana.
ORLANDO JOGE
Nos identificamos con la Iglesia.
Hay un estado de indiferencia de las autoridades ante el panorama dramático que vive el país.
SIN REGISTROS
Califican como una soberana injusticia que más del 20 por ciento de la población no tenga registro de nacimiento y que las autoridades oculten este dato.
EDUCACIÓN
Reclaman una educación más integral, moral y humana, que impida que funcionarios cobren peaje y extorsionen a los inversionistas.
EL NARCO La participación de funcionarios públicos en narcotráfico y el crimen organizado impide una convivencia social digna.
PRIVILEGIOS
La ausencia total de planes sociales y asistencia a las mayorías pobres, concentra los recursos del Estado en una cúpula privilegiada.
LA DESIGUALDAD
Piden que se cumplan los principios constitucionales de igualdad, derechos humanos, protección social y pública, seguridad y distribución equitativa de los recursos públicos.
Iglesia dice el pueblo vive en incertidumbre
PASTORAL. DESCRIBE PANORAMA DE INCERTIDUMBRE, VIOLENCIA, CORRUPCIÓN Y DELINCUENCIA
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El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez (de pie, al centro) aparece junto a los demás integrantes de la Conferencia del Episcopado Dominicano que ayer dio a conocer su mensaje por el Día de la Independencia Nacional. En el documento, los obispos expresan su preocupación por el estado de incertidumbre que vive actualmente el país.
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500 años en defensa de la dignidad humana
Ramón Urbáez
Santo Domingo
La Iglesia Católica llamó ayer la atención sobre una serie de problemas que en conjunto amenazan la convivencia “humana digna” en el país, y describió un panorama de incertidumbre, violencia, corrupción e impunidad que afecta a toda la sociedad dominicana.
En su carta pastoral con motivo del 27 de Febrero, la Conferencia del Episcopado Dominicano dice que la nación debe hacer valer la Constitución, “que se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas”.
El mensaje hace referencia al Sermón de Montesinos, y como el sacerdote se cuestionó en ese tiempo, los obispos se cuestionan ahora: “Una voz clama en los nuevos desiertos de nuestra República Dominicana y nos pregunta: ¿con qué derecho y con qué justicia tenemos a nuestro pueblo en tan cruel y horrible servidumbre?”.
La Iglesia cita entre otros males, la violencia, la delincuencia, la deficiencia educativa, la destrucción y contaminación del ambiente e inseguridad ciudadana, y expresó ayer su preocupación por lo que llamó “estado de incertidumbre, desigualdad social y pobreza” en que, según entiende, viven las grandes mayorías del pueblo dominicano.
El mensaje también advierte que debido a “la actual situación de atracos, sicariato, narcotráfico, participación de autoridades en actos delictivos, corrupción administrativa, impunidad y politiquería clientelista, la nación está en riesgo de perder su identidad y la convivencia humana digna”.
En su mensaje, refieren la celebración de los 500 años de la creación de la Arquidíócesis de Santo Domingo y como el Sermón de Montesinos, “el primer grito de defensa del mundo indígena ante la opresión y el maltrato de los colonizadores, se preguntó también: “¿Con qué justicia se mantiene en la insalubridad a poblaciones enteras que con un poco de ayuda y asistencia técnica harían ellos mismos sus propios acueductos?”.
“¿Con qué justicia permitimos a una inmensa población que viva sin condiciones sanitarias en sus viviendas, que sólo en el suroeste equivale a más de un 20% de las familias, lo que propicia la falta de dignidad de la persona, la contaminación de enfermedades y la propagación del cólera?”.
“¿Con qué derecho se mantiene a una población, que se estima más de 20% sin declarar, y que no tiene derecho a un nombre y a su propia nacionalidad, y este dato ni siquiera se coloca en el Censo Nacional para no sufrir la crueldad de verlos oficialmente con nuestros propios ojos?”. “¿Con qué derecho, tanto nosotros como las autoridades, que disfrutamos del privilegio de una profesión, de un trabajo digno y de cierto bienestar, podemos permitir que haya personas analfabetas, sin el derecho a saber leer ni escribir?”.
Corrupción
“¿Con qué derecho se priva a nuestro pueblo de una enseñanza moral y cívica, integral, humana y religiosa que nos deja como consecuencia ciudadanos corruptos, y funcionarios que exigen prebendas para nombramientos y proyectos de inversiones?”.
“¿Con qué justicia se tolera que jóvenes no tengan oportunidad de educación, y si la tienen se cansan en las escuelas porque no ven rendimiento, y abandonan sus estudios en los primeros grados, por causa de un sistema de educación vicioso, y un Ministerio de Educación con insuficientes recursos y sin control para mejorar el sistema educativo?”.
“¿Con qué derecho se permite que niños y niñas deambulen por las calles, sin ningún tipo de protección, a consecuencia de padres irresponsables que los han engendrado?”.
“¿Con qué justicia se permite que mujeres, niñas y niños sean abusados, maltratados y explotados, ante lo cual callamos y en componendas silenciamos?”.
“¿Con qué derecho permitimos que empresas foráneas realicen sus acciones comerciales sin que se respeten nuestras leyes que protegen la naturaleza, y se lleven además, el beneficio de nuestros recursos naturales y al pueblo dominicano le dejen sólo migajas y destrozos ambientales?”.
Juegos y salarios
“¿Con qué autoridad el Estado propicia que se siga llenando el país de bancas y todo juego de azar, que explotan a los más pobres y los mantienen en la miseria, imposibilitando salir de ella, con el pretexto de que se les cobran unos impuestos, para luego devolvérselos a los más pobres e infelices como dádivas?”.
“¿Con qué autoridad se permite que se asignen sueldos de lujo, cuando hay tantos salarios de miseria y una gran mayoría de jóvenes que no tiene acceso a un trabajo remunerativo, favoreciendo así puestos privilegiados en detrimento de los que no han podido estudiar o han estudiado en escuelas infuncionales?”.
“¿Con qué autoridad hemos permitido que se pierda el sentido social que tienen los bienes, tanto los materiales como los humanos, que no son una propiedad privada absoluta y que deben ser compartidos, dejando de lado los egoísmos? ¿Qué hemos hecho del mandato de la Iglesia Católica, que enseña que los bienes tienen una “hipoteca social” respaldando así el principio de solidaridad?”.
“¿Con qué autoridad quitamos el derecho a nuestros hijos de vivir en un país limpio y ordenado, por no corregir los daños ecológicos y a la vez no educarlos seriamente en una cultura ambiental y en armonía con la naturaleza?”.
DIGNIDAD
Las corrupción administrativa, la impunidad y los sueldos de lujo son como un atentado a la dignidad y los derechos de los habitantes de la nación.
PROTECCIÓN
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Organismo OEA demanda RD por supuesta masacre dejó 6 haitianos muertos | Enlacosa.com
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Organismo OEA demanda RD por supuesta masacre dejó 6 haitianos muertos
La República Dominicana fue demandada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que se definió como “masacre de Guayubín” ocurrida en la frontera con Haití en 2000, donde perdieron la vida seis haitianos y un dominicano, bajo el argumento de que no cumplió las recomendaciones que emitió en el informe de fondo de la denuncia.
Un cable de Agencia EFE da cuenta de que el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), explicó en Washington que el caso se relaciona con los hechos sucedidos en la frontera entre República Dominicana y Haití el 18 de junio de 2000, cuando miembros del Ejército dominicano dispararon contra un vehículo que los transportaba.
En ese hecho perdieron la vida siete personas y resultaron heridas varias más, en un incidente conocido por la justicia militar, que absolvió a los militares involucrados, aunque los familiares de los ejecutados solicitaron que el caso fuera sometido a la jurisdicción ordinaria.
Asimismo, el caso se relaciona con el hecho de que algunas de las víctimas supervivientes sufrieron violación a su libertad personal y a las garantías judiciales y protección judicial, puesto que fueron expulsadas de República Dominicana, sin recibir las garantías debidas en su carácter de migrantes.
El organismo señala finalmente que el caso se enmarca en un contexto de discriminación estructural en contra de haitianos o personas de origen haitiano por parte de agentes dominicanos.
La discriminación contra los haitianos radicados en República Dominicana legal e ilegalmente ha sido el eterno argumento, no solo de la Corte Interamericanao de DerechosHumanos, sino de organismos como Americas Watch, Human Rights y otras entidades de derechos humanos, que se nutren de informes de organismos dominicanos afines como el Comité Dominicano de los Derechos Humanos.
Las acusaciones se producen con frecuencia, pese a que los haitianos trabajan libremente en áreas como las construcciones, en los campos cañeros, en la venta de diversos productos comestibles en las calles de Santo Domingo, el Distrito Nacional y demás provincias del país, sin ser molestados por la población ni las autoridades, que en muchas ocasiones flexibilizan las restricciones de entrada para ilegales en la frontera.
El Nacional
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